La comida 'adelgaza'

Laura G. Ibañes

Sanidad ha lanzado junto a la industria de la alimentación un plan para reducir entre un 5% y un 18% las grasas, azúcares y sal de 3.500 alimentos en 2020, pero las sociedades científicas se muestran muy escépticas sobre la capacidad de estos acuerdos para reducir la obesidad.

La tasa de obesidad ha crecido en España desde los años 80 de forma importante, tanto en hombres como en mujeres, y sólo a partir de 2014 parece haberse ralentizado su ritmo de crecimiento. El alza es tal que ya cerca del 60 por ciento de ciudadanos sufren sobrepeso u obesidad y España se sitúa como segundo país de Europa, tras Reino Unido, con mayor tasa de obesidad. En niños, las cifras son igualmente preocupantes, con un 23,2 por ciento de niños de 6 a 9 años que sufren sobrepeso, al que hay que sumar otro 18,1 por ciento que sufre ya obesidad. Las implicaciones en el desarrollo de patologías cardiovasculares, diabetes y cáncer, entre otras, son evidentes.

Tratando de frenar este problema, el Ministerio de Sanidad presentó la semana pasada un plan a tres años para que la comida adelgace, esto es, para que pierda contenido calórico y, sobre todo, mejore su composición. El objetivo del plan, acordado con la industria de la alimentación, es reducir el contenido en sal, azúcar y grasas de 3.500 productos entre un 5 y un 18 por ciento antes de 2020, de modo que el cambio en la composición de los alimentos sea gradual y fácilmente aceptado por los consumidores. El acuerdo ha conseguido involucrar tanto a las grandes patronales de la alimentación y bebidas (Fiab), como a las de distribuidores y supermercados (Anged), pero también a la industria de cátering social para hospitales y colegios y la de máquinas de vending.

Y es que, además de modificarse la composición de estos alimentos, que representan el 45 por ciento de todo el aporte calórico actual de la cesta de la compra de los españoles, se han acordado también mejoras en los menús escolares y de hospitales para que incluyan, entre otras cuestiones, más alimentos a la plancha y menos fritos. El pacto con la industria se ha extendido también a las empresas de máquinas de vending, que se han comprometido a incluir en su oferta sólo productos que hayan reformulado su composición conforme al acuerdo con sanidad y a reducir el azúcar de las máquinas de café, así como el de sobres monodosis de azúcar y de sal.

Aunque en años previos ya ha habido acuerdos sobre la sal en los aperitivos o el pan, éste es el primer gran pacto de estas características y, según la ministra Dolors Montserrat, "este plan es una herramienta eficaz para luchar contra las 3 enfermedades crónicas que más nos afectan: la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y también la obesidad, por lo que representa un gran beneficio para las futuras generaciones. Es un paso más dentro de nuestro sistema sanitario - ha dicho Montserrat- alineado con nuestras estrategias de promoción de la salud y prevención y dentro de la Estrategia NAOS", de lucha contra la obesidad.

Pese al optimismo de Sanidad, el escepticismo de las sociedades científicas parece claro. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se ha afirmado al respecto que "el Gobierno debe aplicar una regulación efectiva antes de llegar a acuerdos con la industria de la alimentación. En esta línea y, en primer lugar, es conveniente que el Ministerio de Sanidad cumpla las leyes vigentes".

Incumplimiento de la ley

Según Sespas, "el Gobierno incumple la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Por ejemplo, no se cumple el artículo 40 que dispone en su punto sexto: ‘En las escuelas infantiles y en los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Estos contenidos se establecerán reglamentariamente'".

"Igualmente, el Gobierno sigue incumpliendo gran parte del articulado de la Ley General de Salud Pública. Para afrontar los retos de salud, es conveniente el buen gobierno, y para ello hay que cumplir las leyes", afirma Sespas.

En su opinión, "además, cuando se establecen acuerdos con industrias es oportuno que el Ministerio atienda a las pruebas científicas disponibles. Hay suficientes evidencias de que los acuerdos con industrias que producen productos dañinos a la salud no se cumplen y que suelen usarse como acción de marketing y como estrategia para evitar la regulación. Ello no es óbice para poder entablar algún tipo de conversación a fin de que las industrias avancen voluntariamente en la senda saludable. Si bien, dados los antecedentes de incumplimientos de acuerdos previos sobre nutrición y consumo de alcohol en menores, y comprobado el escaso seguimiento hecho por el propio Ministerio de esos acuerdos, hay que ser escéptico sobre los resultados de la presente colaboración y exigir al Gobierno que cumpla las leyes y que desarrolle nuevas regulaciones efectivas incluidas las tasas si lo que de verdad desea es proteger la salud de la población", concluye la sociedad científica.

Con el mismo escepticismo sobre la bondad de la medida se ha expresado la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que afirma con rotundidad que "está ampliamente demostrado que la mera autorregulación no es eficaz para resolver problemas de salud pública donde están implicadas grandes industrias que obtienen beneficio económico al vender productos no saludables".

La autorregulación no funciona

Por ello, los epidemiólogos opinan que "sorprende que la autorregulación sea la principal propuesta en este convenio firmado entre el Ministerio y sectores de la industria alimentaria. En él han estado ausentes expertos, asociaciones relacionadas con la Salud Pública y organizaciones ciudadanas. Esto lleva a pensar que las acciones propuestas serán poco o nada eficaces para solucionar problemas de salud tan importantes como la obesidad (una pandemia sin precedentes en el siglo XXI) y sus consecuencias (diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer)".

Ilustran el problema sacando a relucir como ejemplo "el convenio PAOS firmado en 2013 que pretendía regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, con el objetivo de prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, y que finalmente no ha tenido ningún impacto significativo. Hoy en día, se siguen emitiendo anuncios a diario de productos ultra-procesados que incumplen dicho código, y el problema de la obesidad y sobrepeso infantil no ha disminuido".

"En línea con esto, -continúan los epidemiólogos- la valoración del cumplimiento de los acuerdos está redactada de forma genérica y depende excesivamente de la información proporcionada por la propia industria. Además, no se plantean sanciones o contrapartidas en caso de incumplimientos. La regulación y otras medidas estructurales son necesarias y se echan en falta" en el plan presentado por Sanidad.

Con dureza, los epidemiólogos se preguntan retóricamente "dónde ha quedado la salud pública y el interés de los ciudadanos en la firma de este convenio. Proponer que se reduzca voluntariamente por la industria el contenido en azúcar o sal de algunos alimentos en torno al 5-16 por ciento en tres años vendría a ser como decir a un fumador que baje su consumo de 20 cigarrillos a 17-19 cigarrillos al día en esos tres años".

¿Sería más eficaz gravar el azúcar?

La SEE insiste en que "en el Ministerio los expertos saben que la autorregulación no es eficaz a medio o largo plazo. Son posibles otras medidas de coordinación intersectorial y multidisciplinar de mayor alcance que la autorregulación por la propia industria. Se ha demostrado en otros países que una simple acción de gobierno como implantar un impuesto a las bebidas azucaradas, es eficaz para reducir su consumo, al igual que se ha demostrado en España para el tabaco y el alcohol".

"Esta medida, por ejemplo -continúa la SEE-, ha sido propuesta por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología en un documento presentado en el Ministerio y a otras organizaciones políticas, puesto que la comunidad científica considera a las bebidas azucaradas como uno de los principales determinantes de la epidemia de obesidad, especialmente en grupos susceptibles como es la población infantil".

"Evidentemente, concluyen los epidemiólogos-, una sola acción no suele resultar de gran eficacia y se deben aplicar siempre estrategias multifactoriales, que incluyan otras medidas: informativas (logotipos nutricionales), educativas, estructurales y reguladoras que debidamente coordinadas podrían contribuir de forma positiva a reducir la epidemia de obesidad e incrementar la salud de la población".

Tampoco la Asociación de Economía de la Salud se anima a dar crédito total al plan adoptado por Sanidad. En opinión de Toni Mora, miembro de la junta directiva de la AES, "la reducción entre un 5 y un 18 por ciento de la sal, las grasas y el azúcar en un total de 3.500 productos es una muy buena noticia dado que reducirá la ingesta de dicho tipo de compuestos. Por tanto, las cantidades ingeridas de dichos productos se reducirán con certeza dado que, además, afecta a bienes consumidos muy habitualmente".

Sin embargo, Mora advierte de que "ante esta noticia me surgen inquietudes. La principal es que debería planearse desde ya el hecho de evaluar si dicha política de reducción de elementos no tan saludables, cuando se consumen en exceso, resulta realmente efectiva. Para ello, debemos analizar datos proporcionados por las propias asociaciones que han suscrito el acuerdo (supermercados, vending, cátering, etc.)".

"En este sentido -detalla Mora-, estamos actualmente evaluando el impacto de la tasa de bebidas azucaradas en Cataluña, que fue implementada en mayo de 2017 mediante datos de una cadena de supermercados que opera en esa autonomía".